Killing in the name of

Aprovecho el título de la canción de Rage Against The Machine para hablar sobre la controvertida Disposición Final Primera de la Ley de Desarrollo Sostenible.

Después de leer las modificaciones a la LSSI y a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que ahí se proponen, llego a dos conclusiones:

1. El anonimato en la red se va a acabar.
2. Quien ha redactado la ley no tiene ni la más remota idea de a qué se enfrenta.

La primera conclusión es bastante sencilla de obtener: los proveedores deberán facilitar cuantos datos sean necesarios para identificar a quienes vulneren la Ley. Primer error. La propiedad intelectual goza de la misma protección que el resto de propiedades: se pueden ejercitar acciones civiles y penales. Es decir, acudir a un juez, que verá si el asunto es admisible a trámite o no.

Funcionando como funciona el asunto (es decir, las Sociedades de Gestión) aquí todo el mundo será culpable, con lo que el Ministerio se pasará todo el día solicitando información sobre quiénes están detrás de las conductas alegales. Más ágil, pero menos garantista. Nos saltamos la separación de poderes (bueno, un poco más, pero las formas son las formas).

Otra cosa es el siguiente punto que afecta a la LPI, que es la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual. Una cosa buena y otra mala.

La buena: las partes se someten a un arbitraje que determinará quién tiene la razón en el asunto. Como ventaja está la posibilidad de contar con expertos en la materia que sea objeto de discusión y que puedan ser medianamente ecuánimes, aparte de procesos menos dilatados en el tiempo. Lo malo, es que con la presión tan fuerte que están realizando las Sociedades de Gestión, poca ecuanimidad se va a poder esperar de los árbitros. Unido al hecho de que el procedimiento de arbitraje queda a un Reglamento.

En cuanto a la segunda conclusión, efectivamente creo que quien esté detrás de este apartado de la Ley (son 200 folios, no he podido verla entera) no se da cuenta que se enfrenta a todo Dios: internautas cabreados, proveedores de servicios que van a ver cómo han de ceder datos al Ministerio y, por ende, a Entidades de Gestión sin orden judicial de por medio, a la oposición (que de momento no ha dicho ni mú), a bastantes autores de los que dicen representar esas Entidades de Gestión.

Sinceramente, me parece que mantener un negocio obsoleto como el de la música enlatada (la música en vivo es más atractiva tanto para el público como para los propios músicos) no es ni lógico ni normal. Frente a los intereses de unos pocos que tienen capacidad de presión por estar cerca del poder, se puede llegar a vulnerar Derechos Fundamentales inalienables e irrenunciables como la presunción de inocencia y el derecho al honor.

Y ahora un poco más de opinión propia:

• No se puede utilizar una ley de modernización y agilización de la economía en un cajón desastre en el que incluir reformas de tapadillo. Convertir la Ley de Economía Sostenible en una de esas maravillosas y odiadas por todo el mundo Ley de Acompañamiento de los Presupuestos no creo que sea el camino para proteger según qué cosas.
• Nadie parece haber tenido en cuenta que en Internet mucha gente se moviliza para crear movimientos alternativos a la política tradicional. Sinceramente, como militante de un partido político, en momentos como éste entiendo que esto sea así.
• En este cainita país se han hecho varias reconversiones. De hecho, recuerdo los piquetes de los astilleros de Gijón o de Cádiz, o los de las cuencas mineras de León y Asturias. ¿Alguien se imagina a Teddy Bautista o a Ramoncín de piqueteros junto a directivos de las grandes discográficas? Sinceramente, creo que no.
• El contenido de una Ley tan importante y necesaria como ésta va a pasar desapercibida, eso sí, todo el mundo la va a conocer como la Ley del Corte de Internet.

¿Tanto miedo hay al lobby de artistas que no se quiere abrir el debate sobre la tasa cultural? Yo pagaría gustoso un sobreprecio en todo lo protegido por la LPI, una tasa recaudada por el Estado (ojo, repito: E-S-T-A-D-O) y que fuera destinada a labores de promoción cultural, educación, formación reglada y no reglada, entre otras muchas cosas, antes que estén los bares pagando a la SGAE sin control alguno, sin que se cierren páginas con enlaces a contenido protegido y no se luche contra otro tipo de delitos, etc.

Ah,y se me olvidaba: la sonrisa de la Ministra Sinde me parece de lo más forzada. No digo more.

Eso sí, en el nombre de cualquier excusa se acaba matando al mensajero.

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